Agricultores de la Plataforma emprenderán acciones legales contra la Junta de Andalucía.

Consideran que durante 25 años la Administración ha reconocido e incentivado los cultivos de regadío en zonas que ahora, con la aplicación de la Ley Forestal de 1992, dice que no lo son.

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  • Los cinco ayuntamientos del Condado están analizando la superficie realmente afectada por el Plan de la Corona y la aplicación de esta ley.
  • Los regantes decidieron el pasado viernes levantar la acampada junto a Medio Ambiente para tomar otras medidas

La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha anunciado hoy que los agricultores que la integran emprenderán acciones legales contra la Junta de Andalucía por haber reconocido e incentivado los cultivos de regadío en zonas que ahora dice, aplicando la Ley Forestal de 1992, que no lo son.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el presidente de la Plataforma, Cristóbal Picón, quien ha indicado que se presentarán contenciosos contra la Administración regional “porque consideramos que es responsable de la situación que estamos viviendo”, de la pérdida de miles de hectáreas de cultivo en el Condado por la aplicación de la Ley Forestal de 1992, que prevalece incluso por encima del Plan de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, “echando por tierra superficie que el Plan pintaba como de regadío en 2014”.

Por este motivo, los cinco ayuntamientos que forman parte de la Plataforma –Moguer, Almonte, Rociana del Condado, Bonares y Lucena del Puerto– están analizando las hectáreas afectadas en sus municipios “para que conozcamos la situación real de los agricultores del Condado, cuáles son las fincas que se quedan fuera del mapa de los regadíos” que pueden haberse visto afectadas por el Plan al haber sido cultivadas después de 2004, por corredores ecológicos, la Ley Forestal de 1992, etc. Las estimaciones de los agricultores apuntan a que se trata de unas 3.000 hectáreas las afectadas, “pero debemos esperar a ver qué dicen los ayuntamientos para hablar de casos reales”.

Con esos estudios, cada agricultor presentará un contencioso de forma individual porque, según ha explicado Picón, cada caso es diferente, ha recibido ayudas distintas, ha plantado en un año u otro… y debe ser valorado de forma individual”. El objetivo es que sea “un juez el que nos diga si tenemos o no la razón” porque, a su juicio, “la Administración nos ha dado permisos, incentivado, autorizaciones, pagamos el canon agrícola… y ahora quiere que volvamos a la situación que teníamos hace 25 años, en 1992, perdiendo miles de hectáreas de cultivo”.

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La acampada se levanta para diseñar nuevas acciones.

La asamblea de la Plataforma, reunida el pasado viernes, decidió levantar la acampada de agricultores que permanecía junto a la Delegación Provincial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio desde el pasado 3 de abril. El motivo, el diseño y estudio de nuevas acciones a tomar tras la negativa de la Junta de Andalucía a considerar el eucalipto como una especie agrícola, de ciclo corto, que se planta con un objetivo comercial, para que una vez cumplido éste la zona pudiera volver a plantarse de cultivos de regadío y ser considerada, por tanto, agrícola.

“Que no piensen que esto es una retirada”, ha declarado la portavoz de la Plataforma, Rocío Alba. “La acampada ha tenido sus objetivos y ahora tomaremos otras medidas de presión, diferentes, porque los agricultores afectados tenemos más fuerza que nunca”.

La transferencia de 15 hm3, en el Pacto Nacional del Agua.

La Plataforma ha aplaudido hoy que los grupos políticos estén negociando incluir la transferencia de 15hm3 en el Pacto Nacional del Agua y ha exigido “pasos de verdad, fechas y acciones concretas”. Al mismo tiempo, ha lamentado que aún no hayan llegado las concesiones para la Comunidad de Regantes Condado ni el agua del trasvase de 4,99 hm3 porque “no son capaces, ni Junta de Andalucía ni Gobierno central, de ponerse de acuerdo sobre qué necesitan para hacerlo posible”.

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