Un grupo de agricultores del Condado se encadenan de forma indefinida ante la Junta de Andalucía.

Al grito de ‘Somos agricultores, no delincuentes’, un grupo de productores de frutos rojos y trabajadores del Condado de Huelva se ha concentrado en las puertas de la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía donde se quedarán de forma indefinida mientras no tengan una respuesta definitiva de los responsables de la Junta de Andalucía sobre el futuro de las tierras que cultivan.

foto/ A.Dominguez.



Un grupo de agricultores del Condado de Huelva se ha encadenado desde primera hora de la mañana de este lunes a las puertas de la sede de la Delegación de la Junta en esta provincia, donde están dispuestos a mantener su acampada de manera indefinida, hasta que el Gobierno andaluz “dé solución a unas 1.500 hectáreas” que el Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana “deja fuera de regulación”, en aplicación de la Ley Forestal de 1992.

En declaraciones a los periodistas, la agricultora Rocío Alba ha remarcado que “están en juego más de 40.000 puestos de trabajo”, indicando además que “no hay derecho a que nos quiten nuestras tierras, que son de nuestros antepasados y que siempre han sido agrícolas”.

“No estamos dispuestos a que no las quiten porque es la economía del Condado pero es que nos vamos a quedar aquí hasta que se solucione”, ha incidido Alba, quien ha explicado que cuando se aprobó el Plan de la Corona Norte se regulaban 9.340 hectáreas de cultivo, no obstante, posteriormente, la Junta de Andalucía, “en aplicación de la Ley Forestal del año 1992 deja fuera de ordenación unas 1.500 hectáreas de las recogidas inicialmente, distribuidas en Lucena del Puerto, Moguer, Almonte, Bonares y Rociana”.

A su juicio, “la solución pasa por cambiar la Ley Forestal de 1992 porque estas parcelas han sido siempre agrícolas y los ayuntamientos nos han cobrado los canon como tal”. Por tanto, el objetivo es que estas tierras “sigan siendo reconocidas como fincas agrícolas como se viene haciendo desde 1954”, a lo que han añadido que se han concentrado este lunes porque “estaban llegando noticias de que iban a cerrar estas fincas, que ya están plantadas”.

“No vamos a permitir que nos quiten nuestras explotaciones y no vamos a desmantelarlas, llevamos pagando canon agrícola por ellas a los ayuntamientos desde hace décadas y no pueden venir a decirnos ahora que son forestales”, ha remarcado la agricultora.

“Todas las leyes se pueden modificar”, ha espetado Rocío Alba. A la concentración también ha acudido el secretario general de la Federación de Industrias de UGT en la provincia, Luciano Gómez, quien ha señalado que en la aplicación de la ley “tiene que haber cambios, ya que han mantenido criterios que no se ajustan a lo que es la historia y el uso”.

“Clama el cielo la sordera a todo lo planteado por los agricultores y estamos planteando que haya compromisos de las administraciones por su inoperancia, ya que estamos hablando de aspectos administrativos, cuestiones burocráticas”, ha espetado Gómez, quien ha instado tanto a la Junta de Andalucía, como al Gobierno central, como a los empresarios a sentarse “en una mesa y buscar un plan global de solución que desactive este conflicto que permita dar empleo estable en la comarca”.

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Al respecto, Rocío Alba ha dejado claro que ellos están “en contra” de toda ilegalidad, “estamos defendiendo parcelas agrícolas y no estamos dispuestos a peder ni un metro de tierra”, ha remarcado, a la par que ha aclarado que esta acampada ha sido una decisión de los agricultores, así como que la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado tienen esta tarde una asamblea en la que está previsto que se apruebe el apoyo a estos agricultores, que a su vez forman parte de la citada plataforma.

Por su parte, la Junta de Andalucía sigue avanzando en la ordenación de los regadíos del Condado onubense en el condado de huelva agricultoresmarco del Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana en su compromiso de hacer compatible el desarrollo agrícola en esa comarca con el respeto al medio ambiente en una zona tan sensible como Doñana, y asegura que lo seguirá haciendo con “diálogo, colaboración y sin presiones”.

“La aplicación del plan se hace con el máximo respeto a la ley y es toda una garantía para la agricultura del entorno del Espacio Natural Doñana”, señalan desde la Junta en un comunicado, así como que dentro de esa aplicación el Gobierno ultima los detalles de análisis cartográfico y evaluación de usos de suelo en el ámbito del citado Plan.

Dicho plan fue aprobado con el consenso de todas las partes en diciembre de 2014 y cuenta con el respaldo del Consejo de Participación de Doñana, órgano en el que están representados administraciones, asociaciones agrícolas y ganaderas, sindicatos y ecologistas entre otros colectivos.

La Junta destaca “el diálogo y la colaboración constante y fluido que se ha mantenido para la aprobación y aplicación del plan con todos los actores implicados” y rechaza cualquier “intento de presión en el debido cumplimiento del actual marco legal”.

El Gobierno andaluz ha enviado este comunicado en el marco de la acampada, de manera indefinida, de un grupo de agricultores del Condado de Huelva desde primera hora de la mañana de este lunes a las puertas de la sede de la Delegación de la Junta en esta provincia hasta que la Junta de Andalucía, han remarcado, “dé solución a unas 1.500 hectáreas” que el citado plan “deja fuera de regulación”, en aplicación de la Ley Forestal de 1992.

En declaraciones a los periodistas, la agricultora Rocío Alba ha remarcado que “están en juego más de 40.000 puestos de trabajo”, indicando además que “no hay derecho a que nos quiten nuestras tierras, que son de nuestros antepasados y que siempre han sido agrícolas”, así como que “todas las leyes se pueden modificar”.

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