El PP pide una comisión de investigación sobre el contrato de Ayuda a Domicilio a DECONSA.

Las circunstancias que han rodeado el concurso público convocado por la Diputación Provincial de Huelva han encendido las sospechas de irregularidades en la adjudicación del servicio del ayuda a domicilio.

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El portavoz del PP en la Diputación Provincial de Huelva y secretario general del Partido Popular de Huelva, David Toscano, ha anunciado en rueda de prensa que el Grupo Popular “va a impulsar la creación de una comisión de investigación en la institución provincial tras la adjudicación del contrato del servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación de Huelva. Una iniciativa que planteará en el próximo Pleno de la Diputación.

Como ha señalado el dirigente popular, “se trata de los contratos de los nueve lotes en los que ha sido fragmentado el servicio, valorados en un montante total de 42,32 millones de euros, y que han recaído íntegramente en empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades onubenses”. En este sentido, ha argumentado que “tras ver el recurso presentado por una empresa y tras haber tenido conocimiento de las posibles irregularidades que nos han ido transmitiendo, razón por la que nos abstuvimos en el Pleno en el que se adjudicó, creemos que se debe saber la verdad” ya, que, ha añadido, “es un hecho gravísimo y tiene que tener una respuesta y explicación inmediata”.

Como ha publicado un medio de comunicación, la adjudicación del servicio, fragmentado por lotes, recayó en empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades, una de ellas, Deconsa, dirigida por la pareja del actual presidente de la Diputación y hermana del portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. Asimismo, una de las empresas que concurrieron a este proceso ha presentado un recurso ante la Diputación. Para el PP, son “hechos muy graves que merecen una investigación que aclare

Los nueve lotes en los que se divide el contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio licitado por la Diputación fueron adjudicados a EDIA y a DECONSA, dos empresas públicas participadas íntegramente por entidades locales: la Mancomunidad de Municipios Beturia y la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva.

“Como hemos podido saber, el recurso se basa entre otras cuestiones en que EDIA y DECONSA carecen de la solvencia económica y financiera exigida para ejecutar el contrato a lo que se suma que EDIA y DECONSA no pueden actuar fuera del ámbito territorial de los municipios que integran la mancomunidad a la que pertenecen”, ha explicado Toscano.

El popular del mismo modo, ha subrayado que “además de todo ello, se pone sobre la mesa que EDIA y DECONSA se pueden haber puesto de acuerdo para fijar los precios de sus ofertas con el fin de repartirse la adjudicación de los lotes del contrato, lo que vulnera los principios de la contratación pública”.

Para el portavoz del PP en la Diputación, “en Andalucía durante demasiados años hemos escuchado casos de nepotismo y no vamos a estar callados ante un posible caso de influencias y tampoco podemos permitir que las instituciones estén en duda, como está ocurriendo con la Diputación”.

“En estos momentos, el proceso está suspendido por este recurso que ha presentado una de las empresas y ante la gravedad de los hechos vamos a presentar una iniciativa en el Pleno para que la propia Diputación de Huelva inste a crear una comisión de investigación para que sepamos toda la verdad y para que se depuren responsabilidades”, ha recalcado Toscano.

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Caraballo asegura que la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio es legal.

Las circunstancias que han rodeado el concurso público convocado por la Diputación Provincial de Huelva han encendido las sospechas de irregularidades en la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio. Los contratos de los nueve lotes en que ha sido fragmentado el servicio, valorados en un montante total de 42,32 millones de euros, han recaído íntegramente en empresas públicas vinculadas a dos mancomunidades de esta provincia controladas por cargos del PSOE desde su constitución y una de ellas, además, con lazos familiares con el presidente de la institución provincial, el socialista Ignacio Caraballo.

Precisamente el también secretario general del PSOE de Huelva se ha referido esta mañana a este asunto y ha asegurado que si los contratos se adjudicaron a estas empresas, es porque las condiciones económicas eran más favorables. El líder socialista ha remarcado que se ha realizado “a través de un concurso público” y ha supuesto un ahorro de seis millones de euros en cuatro años. “Por eso, lo hemos hecho así”, ha asegurado.

Además, una de las sociedades descartadas en el concurso ha impugnado el proceso ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación. Demanda que la adjudicación sea anulada y se deje en suspenso el concurso donde participaron once empresas.

Ignacio Caraballo ha lamentado también que, la oposición en Diputación no denunciase ninguna irregularidad cuando esta adjudicación se aprobó en pleno y sí lo haga ahora. El objetivo, asegura el presidente de la institución, es dar un trato de favor a la empresa privada frente a la pública.

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