La Junta defiende su actuación al remitir a Fiscalía los expedientes sancionadores del Plan de la Corona Norte.

"aquellos que no han hecho las cosas bien, se ha estado hablando con ellos para intentar regularizar todo lo regularizable y lo que no se pueda regularizar, porque la ley lo impida, no se podrá regularizar"

jose fiscal riegos

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta , José Fiscal, ha defendido este miércoles la actuación de su departamento al trasladar a la Fiscalía de Medio Ambiente los expedientes sancionadores que se iniciaron en 2017 como consecuencia de la transformación de tierras de forestal a agrícola sin autorización y el uso de aguas subterráneas sin concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) realizado por algunos agricultores de la zona de la Corona Norte Forestal de Doñana, en Huelva.

En una rueda de prensa en Córdoba, el consejero ha explicado que “hay un plan aprobado hace varios años para ordenar los regadíos y la agricultura en torno al Espacio Natural de Doñana”. Una agricultura sobre la que ha mostrado su apoyo, dado que “es muy importante, no ya para esa comarca de la provincia de Huelva, sino para toda la provincia y el resto de Andalucía”, dado que “ahí trabaja mucha gente que llega de toda la región”, ha resaltado.




En este sentido, Fiscal ha apuntado “había que ordenar, que es lo que se hace”, y en ello “participan varias administraciones, como los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)”, de forma que “entre todos se ordena la zona”.

Al respecto, ha remarcado que “la inmensa mayoría de los agricultores no tiene ningún problema, sino que tienen terrenos legales, agua legal y un prestigio ganado a pulso después de mucho tiempo en toda Europa”, si bien ha advertido de que “aquellos que no han hecho las cosas bien, se ha estado hablando con ellos para intentar regularizar todo lo regularizable y lo que no se pueda regularizar, porque la ley lo impida, no se podrá regularizar”.

De este modo, el consejero ha asegurado que “eso se ha hecho desde el primer momento, de acuerdo también con la Fiscalía”, de manera que “lo que se ha hecho no es más que un trámite de dar a conocer a la Fiscalía todo el trabajo en los últimos meses”, según ha expuesto, para apostillar que “la inmensa mayoría de los agricultores de la zona no tiene ningún problema y es gente que hace las cosas bien”. “Quien no haya hecho las cosas bien, no se puede mirar para otro lado”, ha puntualizado.

En concreto, Fiscal ha señalado que a quienes no han hecho las cosas en condiciones “se les ha abierto un expediente sancionador y tienen que revertir la situación a lo anterior”. Y es que, ha agregado que “si la ley impide que en una zona haya agricultura, porque ha sido una ocupación de terreno forestal o se utiliza agua sin concesión, eso tiene que revertir a su estado inicial, no cabe otra”.

UNA MÍNIMA PARTE

La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva ha explicado que los expedientes afectan a una mínima parte de las explotaciones agrícolas de la zona. No en vano, únicamente incluyen 285,85 hectáreas. La mayor parte, más de 9.000 hectáreas, tienen encaje legal en el documento aprobado por consenso para la ordenación de los regadíos, el uso racional del agua y el control de las extracciones del acuífero. “Solo así se garantiza la protección del espacio protegido y sus áreas de influencia”, han proseguido.

Desde finales del pasado año, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha remitido distintas comunicaciones a los agricultores afectados por estos “incumplimientos” de la ley y manteniendo periódicas reuniones con ellos para que estuviesen informados en todo momento de cuál era la situación jurídica y administrativa que se derivaban de estos expedientes.

Tras estas comunicaciones, actualmente y conforme a los plazos establecidos en el proceso administrativo, el grupo de agricultores afectados está presentando distintas alegaciones a los expedientes sancionadores iniciados en cumplimiento de la ordenación vigente en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana y en la Ley Forestal de Andalucía.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía se ha realizado un estudio “minucioso” de la situación, siguiendo con los expedientes sancionadores en los casos que marca la ley y dando el correspondiente traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente.

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