La Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva ha trasladado a la Fiscalía de Medio Ambiente los expedientes sancionadores que se iniciaron en 2017 como consecuencia de la transformación de tierras de forestal a agrícola sin la autorización pertinente y por el uso de aguas subterráneas sin concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir realizado por algunos agricultores de la zona de la Corona Norte Forestal de Doñana.
Según ha informado la Junta en una nota de prensa, esta comunicación se enmarca en el procedimiento jurídico administrativo abierto desde el pasado año y en «la colaboración establecida desde entonces entre ambas instituciones para regular la aplicación del plan y dar seguridad legal a un sector muy responsabilizado con la legalidad casi en la práctica totalidad».
De hecho, según han indicado, los expedientes afectan a una mínima parte de las explotaciones agrícolas de la zona. No en vano, únicamente incluyen 285,85 hectáreas. La mayor parte, más de 9.000 hectáreas, tienen encaje legal en el documento aprobado por consenso para la ordenación de los regadíos, el uso racional del agua y el control de las extracciones del acuífero. «Solo así se garantiza la protección del espacio protegido y sus áreas de influencia», han proseguido.
Desde finales del pasado año, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta en Huelva ha remitido distintas comunicaciones a los agricultores afectados por estos «incumplimientos» de la ley y manteniendo periódicas reuniones con ellos para que estuviesen informados en todo momento de cuál era la situación jurídica y administrativa que se derivaban de estos expedientes.
Tras estas comunicaciones, actualmente y conforme a los plazos establecidos en el proceso administrativo, el grupo de agricultores afectados está presentando distintas alegaciones a los expedientes sancionadores iniciados en cumplimiento de la ordenación vigente en el Plan Especial de Ordenación de la Corona Norte Forestal de Doñana y en la Ley Forestal de Andalucía.
Por su parte, desde la Junta de Andalucía se ha realizado un estudio «minucioso» de la situación, siguiendo con los expedientes sancionadores en los casos que marca la ley y dando el correspondiente traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente.
