Siglo XX, milagro económico de los sesenta, y al calor del auge de la construcción asociado a la reconstrucción de un país desolado por la postguerra, y al boom turístico, el amianto, asbesto, o tal y como comercialmente mejor ha sido conocido en España, la uralita, desempeñó un papel estelar hasta el año 2002, año de su prohibición en cualquier uso, previéndose desde la UE el año 2028 como utópico objetivo de erradicación de cualquier edificación.
El amianto es un mineral compuesto de fibras con átomos de sílice y algunos metales como el magnesio, el manganeso, o el hierro. Ya desde la antigüedad fue bien apreciado por su flexibilidad y capacidad de ser fácilmente moldeable, así como también por su ignifugidad, por resistir muy bien a las altas temperaturas, y a la tracción. Tanto es así que se cuenta que el mismo Carlomagno, conocedor de estas virtudes, gustaba de recubrir sus uniformes con asbesto para aparecer y desaparecer entre las llamas impresionando a amigos y enemigos, y perpetuar así su leyenda. Claro que también se sabe por escritos de la época, que los muchos esclavos que tejían estas telas para la guerra, perecían prematuramente por afecciones respiratorias y pulmonares.
A mediados de los ochenta, determinados estudios demostraron que este material era altamente cancerígeno, pudiendo originar cánceres de pulmón y pleura, así como un tipo de fibrosis pulmonar llamada asbetosis. Tanto más peligroso es este material, cuanto mayor es su manipulación. No obstante, el riesgo va mucho más allá de los empleados que se ven obligados a tratar periódicamente con él, éste ha trascendido ya a la población en su conjunto por su gran exposición al mismo.
Enormes cubiertas de techos de fábricas o granjas, tuberías, chimeneas de conducción de humos, depósitos contenedores de agua y otros líquidos, planchas de insonorización de edificios, materiales industriales, claraboyas, tragaluces, etc. El mineral, repartido en más de tres mil productos, principalmente derivados de fibrocemento, en la actualidad escapa a nuestro control, pues o bien sigue presente en estructuras instaladas hace décadas que se degradan incontroladamente, o bien en vertederos generalmente, también incontrolados.
Se estima que una estructura de amianto puede aguantar 40 o 50 años antes de que empiece a degradarse y liberar fibras cancerígenas, y obviamente, a mayor degradación, mayor liberación de partículas nocivas al aire en suspensión prestas a su inhalación. Las fibras de amianto son de tamaño microscópico y se desprenden con facilidad. El asbesto enferma cuando es inhalado. Su ingesta o el contacto con la piel, sin embargo, no son vías de ingreso al organismo demostradas como causa de enfermedad.
Bonares no escapa en absoluto de esta realidad.
Sin ánimo de personalizar en responsabilidades morales de nadie, existen grandes superficies de amianto instaladas en estructuras privadas ya abandonadas en varios emplazamientos del pueblo, expuestas a una degradación máxima vía intemperie que deberían desmantelarse, so pena de liberar grandes dosis de fibras cancerígenas al municipio.
Obviando las edificaciones públicas para las que existe una legislación autonómica expresa, la administración en su conjunto parece delegar en la iniciativa privada las caras labores de desinstalación de tales estructuras en sus planes urbanísticos o licencias de obras, y parece lógico que así sea cuando se trate de instalaciones particulares, pero, ¿quién se responsabiliza del abandono?, ¿qué ocurre cuando pasan los años, el problema de la degradación, lejos de subsanarse, se agrava, y la iniciativa privada no interviene?, ¿quién vela por el bien de la salud común?, ¿no debería persuadirse, bien vía moratoria so riesgo de fuerte sanción, bien vía de una gran subvención, está tarea de desmantelamiento a sus propietarios?.
Con más actitud cívica creo que sería conveniente que todos miráramos a nuestro alrededor, reflexionáramos, e hiciéramos un ejercicio de responsabilidad personal, bien para el desmantelamiento de lo que a título individual pudiéramos tener con amianto, bien para presionar a la administración para que legisle en esa dirección con carácter urgente, pues está en juego la salud de todos.
La Comisión Europea habla de una epidemia de 500.000 muertes en los próximos años por enfermedades derivadas del amianto. De ahí que, a pesar de la prohibición en el uso, su peligrosidad siga intacta, y seguirá hasta su desmantelamiento definitivo.
