Los Bonariegos se merecen una explicación.

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NOTA DE PRENSA PP-BONARES

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COBORJA

Para sorpresa de todos los bonariegos, el 26/12/2014 el periódico Huelva Información publicaba:

Un embargo de 780.000 euros liquida la cooperativa de consumo

…El alcalde de Bonares, Juan Antonio García, que también ejerció en su día como presidente de la entidad, señaló que carece de datos y, en consecuencia, de las interioridades de la sociedad como para conocer los pormenores que han llevado a esta situación. «Ni sé las razones ni he querido nunca influir en la autonomía de las cooperativas, a las que, no obstante, he apoyado»….

¿QUÉ CARECE DE DATOS? MENTIRA. Juan Antonio García, como firmante de la hipoteca junto al resto de miembros del Consejo de Administración, recibió REQUERIMIENTO JUDICIAL por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Moguer, fechado el día 11 de septiembre de 2.014, por el que se le ordenaba el pago del importe de las responsabilidades reclamadas, así como copia de la demanda interpuesta por entidad financiera (donde aparece todo bien clarito y documentado).

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No es de recibo que se haya embargado y se vaya a subastar todo el patrimonio de Coborja, un patrimonio que nació del esfuerzo,  el  trabajo,  la  dedicación  e  ilusión  de  muchos bonariegos y bonariegas, y aquí nadie dé las debidas explicaciones.

Así, y como se desprende de la propia DEMANDA DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA (a la que ha tenido acceso el PP‐BONARES), se van a subastar los 2 edificios de Coborja:

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El valor de subasta de estos edificios es de 588.245,60 €, por lo que por aplicación del art. 671 de la LEC, el banco se podría quedar los edificios por el 50% de este valor. Es decir, por 294.122,80 € (menos de 50 millones de pesetas). ¡TODA UNA GANGA, NI A 130 € EL M2!

¿Qué ha pasado con los 900.000 € de las Ayudas?

El 14 de noviembre de 2.002, siendo aún presidente de Coborja Juan Antonio García, se suscribe un Convenio de Colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Fomento de Andalucía por el que se le conceden 150.000€ a Coborja. Y el 24 de marzo de 2.010, la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social resuelve la concesión de una Ayuda Sociolaboral Excepcional a favor de Coborja por importe de 750.000 €.

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  • ¿Qué uso y destino se le ha dado a los 900.000€ recibidos para que ahora la propia Junta de Andalucía reclame su devolución?
  • ¿Dónde y cómo se han dilapidado 600.000€ de hipoteca y 900.000€ de ayudas directas?
  •  ¿Cómo es posible que con una inyección directa de 1.500.000 € Coborja no ha sido capaz de reflotar?
  • ¿Cómo han administrado Coborja los 2 últimos presidentes para que aún a pesar de recibir 1,5 millones de euros, billete tras billete, Coborja tenga además deudas pendientes con Hacienda, Seguridad Social, empleados y proveedores?
  • ¿Es que aquí nadie va a dar la cara y asumir responsabilidades?

Son muchas las preguntas que esperan respuesta y mucha la luz que se ha de arrojar sobre este tema, y sin embargo, aún ninguno de los responsables ha dado la más mínima respuesta ni aclaración.

Aquí se han “esfumado” 900.000 € (150 millones de pesetas) de los andaluces, que podían haberse destinado a sanidad, educación,…, y, sin embargo, nadie dice nada.

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COBORJA

El PP‐BONARES está estudiando ya trasladar a la Fiscalía el presunto delito de malversación de fondos públicos en el que se ha podido incurrir.

Ahora algunos dirán que Coborja es una empresa privada que nada tiene que ver con la política, pero serán los mismos que durante años han abanderado Coborja como ejemplo socialismo en Bonares. Algunos han presumido de Coborja y ahora se esconden.

Y habrá quienes cuestionen que el PP‐Bonares tenga algo que decir en este asunto. Pues a éstos tenemos que decirles que el PP‐Bonares contribuyó en su día con los 60€ que pidió Coborja, porque le preocupaba la situación de muchas familias bonariegas y no se podía quedar de brazos cruzados ante la difícil situación que atravesaba una empresa que siempre se ha definido como “de todos”. Y ahora, estamos en nuestro legítimo derecho de conocer la verdad.