La Sección Primera de lo Penal de Huelva ha dictado una condena de nueve meses de prisión para un hombre que agredió a un celador del centro de salud de Bonares, a quien además le provocó una luxación en el hombro. La agresión se produjo después de que el hombre exigiera una receta médica y el trabajador se negara a proporcionársela.
El celador, acusado inicialmente de un delito leve de lesiones, fue absuelto al considerarse que actuó en legítima defensa. Durante el incidente, el trabajador acabó rozando el labio del agresor con un cigarrillo encendido mientras intentaba apartarlo.
Los hechos se remontan a las 21:00 horas del pasado 28 de abril de 2026, cuando el hombre acudió al centro sanitario pidiendo una prescripción médica. El celador explicó que no era una urgencia vital y que el paciente todavía tenía medicación disponible, lo que provocó la actitud agresiva del hombre, quien lanzó expresiones «gravemente intimidatorias».
Luego, el celador salió a fumar y fue seguido por el agresor. En la puerta del centro, al enfrentarse ambos, el trabajador trató de alejarlo, ocasionando sin querer una pequeña quemadura con el cigarrillo en el labio del agresor.
Acto seguido, el condenado agarró con fuerza la muñeca del celador y le retorció el brazo, causándole la luxación del hombro por una tracción violenta. Esto requirió atención médica urgente, intervención para reducir la lesión e inmovilización con cabestrillo.
La sentencia dejó claro que el celador no actuó con intención de perjudicar al agresor y valoró su testimonio como «claro, contundente y persistente«, considerando que su reacción correspondió a una legítima defensa.
Por su parte, el tribunal impuso seis meses de cárcel por un delito de atentado, que en España contempla penas para quien ataca o amenaza gravemente a un profesional sanitario en el ejercicio de su trabajo, y otros tres meses por un delito de lesiones. Se aplicó la atenuante de drogadicción, ya que el condenado estaba en tratamiento para dejar la dependencia, lo que afectó su voluntad durante los hechos.
Además, se denegó la suspensión de la pena privativa de libertad y se dejó pendiente la cuantificación definitiva de la indemnización al celador hasta que reciba el alta médica. El juzgado también asumió las costas procesales de oficio.
